EL PSOE SE QUERELLA CONTRA EL ALCALDE

Para explicar los motivos que hemos tenido en cuenta para la presentación de la querella, convocamos una rueda de prensa:

Rueda de prensa del PSC-PSOE de Miengo 27.01.2005.
Nota de Presa del diario Montañés 19.01.2005.

 

 

 

 

RUEDA DE PRENSA DEL PSC-PSOE DE MIENGO. 27.01.05

SENTENCIA DE DEMOLICIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA PLAYA DE CUCHIA Y RESPONSABILIDADES.

De nuevo hemos convocado a los medios de comunicación para tratar el asunto de la sentencia de derribo de la urbanización construida a pie de la playa de Marzán, sobre los acantilados de Cuchía, y los motivos que nos han llevado a presentar una querella contra el alcalde de Miengo. Tres sentencias y un auto del juzgado que estableció un plazo, ya cumplido, para la demolición y la restauración al estado original, de las obras realizadas en base a un plan parcial anulado.

Este alcalde no ha tenido el valor de convocar a la corporación municipal para explicar la delicadísima situación en la que ha colocado al Ayuntamiento de Miengo; lleva más de seis años engañando a los vecinos, en especial a los compradores de esas viviendas y locales, alargando esta agonía, sin haber afrontado en ningún momento su responsabilidad. Al contrario, ha expresado en ocasiones su “estricto cumplimiento de la legislación” (como ha manifestado en multitud de ocasiones) y ha culpado de todo a todos, según han ido variando las situaciones: inicialmente a ARCA, posteriormente a la CRU y finalmente a los jueces de Cantabria, de una situación que el ha provocado, incluso ha llegado a manifestar públicamente en referencia al Magistrado del Juzgado de lo Contencioso nº1 de Santander "que es el Juez quien comete el error y nos ha llevado a nosotros ahora a esta situación".

Avelino Cuartas es el responsable de haber trasladado el problema que tenia un constructor a los propietarios actuales de esas viviendas y a todos los vecinos de Miengo, bordeando las normas, concediendo una licencia a sabiendas de que no podía ser autorizada sin cumplir una serie de requisitos.

En esta situación el 30.03.98, la Comisión de Gobierno del ayuntamiento de Miengo, integrada por cinco personas, concede una licencia de obras, al menos en aquel momento, de dudosa legalidad, por la no vigencia del Plan Parcial y la no adecuación a la Ley de Costas.

No puede alegar su desconocimiento del asunto o su ignorancia porque estaba avisado de la situación por: Técnicos municipales, por ARCA y por el Partido Socialista.

El Grupo Municipal Socialista le preguntó en dos plenos y también por sendos escritos registrados el 22.09.99 y el 31.01.00 que opinión le merecían los comentarios que aparecían en los informes técnicos y que medidas había adoptado al respecto. En aquel momento el alcalde nos contestaba muy alegremente y nos llamaba indocumentados, alborotadores e ignorantes. Dimos dos ruedas de prensa en las que explicamos el asunto y comentamos las consecuencias de su actuación e informamos a los vecinos en varias ocasiones a través de nuestro Boletín Informativo.

El alcalde ha calificado en numerosas ocasiones que todo esto no son mas que “defectos formales subsanables”. Pues bien, ya le han dicho por triplicado en las respectivas sentencias que no es así. La realidad es que todas estas cuestiones, las sabía o debiera haberlas sabido, la Comisión de Gobierno cuando aprueba la licencia, porque hay multitud de informes en los que los técnicos municipales le advierten de estos “pequeños” detalles.

Uno anterior a la concesión de la licencia, fechado el 16.10.97 el presente informe se efectúa en base a un ejemplar de Plan Parcial obrante en este Ayuntamiento con visado del COACA de 24.03.88 que carece del correspondiente visado de aprobación definitiva de la CRU y que no incorpora las modificaciones impuestas por esta en su acuerdo de 28.06.88”....”No hay así mismo, constancia de la publicación en el B.O.C. del texto definitivo”.

En los mismos términos se redacta otro de fecha 22.05.97 en el que se analiza el Plan Parcial; otros posteriores a la licencia, 23.12.99 en el que consta “ejemplar del PP obrante en el Ayuntamiento con visado de la COACA que carece del visado de la aprobación definitiva de la CRU y cuya autenticidad y eficacia no consta, de manera fehaciente, al que suscribey muchos más.

Llama la atención la existencia de dos informes contradictorios del mismo día 15.01.98, uno en referencia a las condiciones de la licencia y otro sobre un análisis detallado del Plan Parcial en donde la arquitecta municipal avisa, sobre los incumplimientos normativos y que esta circunstancia podría significar la declaración del Plan Parcial como nulo de pleno derecho, informe que junto con otro de fecha 04.03.96 han desaparecido del expediente. De esta cuestión probablemente tenga que dar cuentas ante el juez.

Este asunto nos parece extremadamente grave, el más grave de las últimas legislaturas, por las repercusiones que vamos a tener que afrontar todos los vecinos de Miengo:

·        Se ha causado un grave perjuicio a los propietarios de las 20 viviendas y locales construidos hasta la fecha.

·        Se ha causado un grave perjuicio a todos los vecinos, teniendo que enfrentarnos a indemnizaciones millonarias; estamos hablando de 12 millones de euros. Sin contar los enormes gastos de abogados, juzgados, informes jurídicos, recursos perdidos, costas judiciales, que con el fin de tapar sus responsabilidades, hemos pagado también entre todos

Todo esto nos va a llevar a la ruina económica y va ha hipotecar el futuro del Ayuntamiento durante muchos años.

Por todo ello, los socialistas de Miengo, intentando evitar un desenlace judicial:

·        pedimos un pleno extraordinario, porque no ha tenido nunca valor para reunir a la corporación para informar y explicar

·        exigimos su dimisión, entendendiendo que una persona capaz de crear esta situación no puede seguir llevando las riendas de un Ayuntamiento

·        conseguimos que se aprobara por unanimidad nuestra propuesta de creación de una Comisión Informativa Especial para hacer un seguimiento del expediente y depurar responsabilidades.

Quince meses después sigue sin convocar la comisión porque dice que no hay nada que informar desde el auto, aún habiendo tenido reuniones con los propietarios afectados y una valoración de indemnizaciones de la empresa a la que se le ha instado a proceder al derribo, que curiosamente y por decreto de alcaldía es la misma que realizó la construcción. De responsabilidades no dice nada de nada. Por la obligación moral que tenemos, en defensa de los intereses de todos los vecinos de Miengo, y entendiendo más que justificada la responsabilidad, de al menos el Sr. Cuartas en todo este caos, en el mes de noviembre procedimos al inicio de acciones penales.

 CONCLUSIONES:

 ·        El auto del Tribunal Supremo no paraliza la ejecución de esta sentencia y no da la razón al Ayuntamiento.

·        Que la sentencia no es fruto de un “mero defecto de forma” por:

a)      La norma no solo exige que el Plan parcial se encuentre definitivamente aprobado, sino que además, es preciso para que sea eficaz, que se haya publicado, lo que se hizo años después de la concesión de la licencia y además sin introducir las modificaciones que planteaba la CRU, lo que vulnera el art. 9.3 de la Constitución, el  art. 2.1 del Código Civil, el art. 52.1 de la Ley 30/1992 y las normas urbanísticas como así lo refleja la sentencia del Tribunal de Justicia de Cantabria.

b)      Esta sentencia también ratifica la del derribo por contradecir la Ley de Costas, al permitir la edificación en la zona de servidumbre de Costas.

Cualquier persona que vea la urbanización, “sin tener ni idea de leyes”, sabe que aquí “se ha hecho algo mal”.

c)      El propio juez de lo Contencioso nº 1 de Santander escribe textualmente en la sentencia “una publicación tan tardía como sospechosa”, “que la licencia ha de tener cobertura legal en el momento de su otorgamiento”.

TODO ESTO NO SON “DEFECTOS DE FORMA”

Nuestro grupo manifiesta que lo que “HACEN MAL UNOS POCOS”, no lo deben de pagar los casi 4.000 habitantes de Miengo.

UN POCO DE HISTORIA 

En un breve resumen para poder ver los hechos con claridad, el 26.08.88 se publica el acuerdo adoptado por la antigua CRU de 28.06.88 de aprobación definitiva del Plan Parcial Cuchía en el que se deberán introducir una serie de modificaciones que quedan fijadas (art.29, 19, 37, etc)

Se tardan 12 años en publicar la normativa urbanística del Plan Parcial en el que se vieran recogidas esas modificaciones. Así el 04.05.00, dos años después de conceder la licencia en cuestión, sale por fin a la luz sin que se observen estas modificaciones. ¿ Se deberán considerar errores de trascripción por el poco tiempo disponible, 12 años?. El propio juez duda de la buen fe de ese acto, de las buenas intenciones del Sr. Cuartas, y escribe textualmente en la sentencia “una publicación tan tardía como sospechosa”. Yo creo que utiliza el término “sospechosa” por no decir claramente una “publicación tramposa”.

Por otra parte, la Ley de Costas de julio/88 establece que, “todos aquellos Planes Parciales aprobados con posterioridad al 01.01.88, deberán ser revisados para adaptarlos a las disposiciones que contiene la nueva Ley”. Estamos hablando de un plan aprobado en junio/88, luego debiera haber sido revisado para ajustarlo a la nueva ley, como bien se recoge en la sentencia dictada. Se tendría que haber ajustado a las nuevas servidumbres de Costas, etc, cosa que como bien se puede comprobar, porque el edificio está ahí, no se realizó nunca.

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El juez imputa al alcalde por dar una licencia ilegal en Cuchía

El magistrado encausa también al secretario y a la arquitecta municipal Los socialistas les acusan de un delito contra la ordenación del territorio

C. DE LA P./SANTANDER

 El alcalde de Miengo, Avelino Cuartas (PP), tendrá que declarar el próximo día 4 de febrero en el Juzgado de Instrucción número 3 de Torrelavega imputado en un supuesto caso de infracción urbanística, relacionado con la autorización para construir un edificio de 20 viviendas, locales y garajes en la playa de Cuchía a sabiendas de su ilegalidad. Por los mismos hechos han sido encausados también la arquitecta y el secretario municipales, que comparecerán ante el juez el mismo día.

La juez Patricia Bartolomé Obregón estima en un auto que los hechos denunciados por los concejales del Grupo Municipal Socialista a finales de noviembre del año pasado, «hacen presumir» la posible existencia de una infracción penal. Se basa para ello la magistrada en la existencia de dos informes técnicos «aparentemente contradictorios» y de la misma fecha sobre la legalidad o ilegalidad de la licencia de construcción, lo que, en opinión de la juez, justifica la tramitación del procedimiento penal.

La querella del Grupo Socialista de Miengo iba dirigida además contra los ediles del equipo de gobierno que aprobó la licencia, pero la juez entiende que es prematura la imputación a los concejales, ya que no se ha determinado si conocían la existencia de los informes técnicos sobre la ilegalidad de la licencia.

El Grupo Socialista Municipal presentó el pasado 23 de noviembre una querella criminal contra la Comisión de Gobierno municipal y los dos técnicos (secretario y arquitecto) por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y contra las Administraciones Públicas. Los socialistas denunciaron que en marzo de 1998 el equipo de gobierno concedió una licencia municipal a 'Construcciones Delfín Cruz S. A.' para la construcción de 20 viviendas en la playa de Cuchía a sabiendas de su ilegalidad.

Dicha licencia fue impugnada por la asociación ecologista ARCA y en marzo de 2001 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 anuló dicha autorización y ordenó la demolición de la edificación. Entendió el juez que el Plan Parcial que avalaba la licencia no estaba en vigor, al tiempo que se vulneraba la Ley de Costas, por incumplir la distancia de 100 metros a la costa establecida por dicha normativa.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y el Supremo confirmaron la resolución judicial y el derribo de lo ilegalmente construido.

Informes negativos

Como consecuencia de estas sentencias, el Grupo Municipal Socialista accedió al expediente y, según denunció, comprobó que existían dos informes de la arquitecta municipal de fecha 4 de marzo de 1996 y 15 de enero de 1998 en los que advertía de la ilegalidad de la construcción. Según los querellantes, el mismo día que la técnico municipal dictó el segundo informe contrario a la licencia, emitió otro favorable a la concesión de la licencia.

Los informes negativos destacaban la falta de vigencia del Plan Parcial de Cuchía y advertían a la alcaldía de que se incumplía además la Ley de Costas.

Por todo ello, los ediles socialistas estiman que el alcalde ha incurrido en un delito contra la ordenación del territorio, que castiga al funcionario o autoridad que toma un acuerdo a sabiendas de su injusticia. El mismo hecho delictivo habría cometido la arquitecta municipal por informar favorablemente proyectos contrarios a las normas urbanísticas vigentes, ya que, según los denunciantes, en la misma fecha emitió informes contrarios sobre la legalidad o ilegalidad de la licencia.

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